Arte de Equilibristas: la Sostenibilidad 
de los Medios de comunicación Comunitarios

por Alfonso Gumucio-Dagron*

Sobre la cuerda floja
A lo largo de más de cincuenta años los medios alternativos, independientes y ciudadanos han tratado de resolver el rompecabezas de la sostenibilidad. 
No hay una sola experiencia de radio comunitaria, de teatro popular, de televisión local, de video participativo o de prensa alternativa que no haya pasado por etapas en las que la carencia de recursos parecía asfixiarla. 
La trayectoria de supervivencia y desarrollo de los medios comunitarios se parece mucho a la de los artistas del circo que caminan en delicado equilibrio sobre una cuerda floja. A veces caen sobre la red y vuelven a subir para comenzar de nuevo. La diferencia es que en los medios comunitarios la mayoría de las veces no hay una red que amortigüe la caída, por ello muchos proyectos quedaron frustrados al poco tiempo de iniciarse, y no lograron establecerse en el seno de la comunidad.
Son pocas las experiencias que han sobrevivido sin apoyo externo. Casi todas tienen el respaldo económico de instituciones de la sociedad civil, de iglesias progresistas o de la cooperación internacional. Esto lo pude constatar cuando realizaba la investigación para mi libro “Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social”: una mayoría de las cincuenta experiencias retratadas en el libro dependía en menor o mayor grado de aportes externos. 
Muchas surgieron y se mantuvieron a lo largo de años como componentes de programas de desarrollo con financiamiento de organismos internacionales.  Es el caso de grandes proyectos de producción y difusión de video documental y educativo para el desarrollo rural, como PRODERITH, CESPAC y CESPA que la FAO apoyó en México, en Perú y en Malí, respectivamente. Otra agencia de Naciones Unidas, UNESCO, hizo posible el desarrollo de experiencias de radio comunitaria en Haití, Indonesia, Sri Lanka, Mozambique y otros países del Tercer Mundo y en años recientes ha comprometido su apoyo a telecentros comunitarios, en colaboración con el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID) de Canadá, una de las organizaciones más activas en el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. UNICEF apoyó el Teatro Popular en Nigeria, los altavoces comunitarios en Filipinas, entre otros.  No habría ninguna emisora comunitaria en Madagascar, por ejemplo, si la cooperación suiza no hubiera apoyado la creación de Radio Mampita en Fianarantsoa, en la zona montañosa de la isla, y Radio Magneva en Morondava, en la costa occidental. 
Aunque pueda parecer paradójico, incluso algunos gobiernos han dado su apoyo a la creación y mantenimiento de medios comunitarios.  En México la red de radio emisoras indígenas surgió de una iniciativa del Instituto Nacional Indigenista (INI). Radio Kothmale, en Sri Lanka -que suele ser citada como un ejemplo de convergencia entre radio y nuevas tecnologías- tiene también el apoyo del gobierno, así como lo tiene la Televisión Serrana en Cuba y Radio Kiritimati en la isla nación de Kiribati, en el Pacífico.
La iglesia católica progresista ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de las radios comunitarias, particularmente en América Latina.  Desde los años cincuenta, varios centenares de emisoras de radio comunitarias, urbanas y rurales, funcionan con el apoyo institucional de la iglesia.  Uno de los ejemplos interesantes es Radio Pío XII, en la región minera de Bolivia, creada inicialmente para “combatir el alcoholismo y el comunismo”; sin embargo, muy pronto se puso del lado de los trabajadores. Radio Kwizera, que sirve a los refugiados que llegan a Tanzania huyendo de la guerra entre Tutsis y Hutus, es un proyecto del Servicio Jesuita para los Refugiados. Algunas de las experiencias ejemplares de radio comunitaria en América Latina, como Radio Enriquillo (República Dominicana), Radio Huayacocotla (México),  Radio Quillabamba (Perú), o la primera de todas, Radio Sutatenza (Colombia), surgieron como iniciativas de curas católicos. El Teatro La Fragua (Honduras), es otro ejemplo de iniciativa liderada por la iglesia católica progresista.
El desarrollo de experiencias locales de comunicación participativa también ha sido posible por la iniciativa de instituciones no gubernamentales nacionales e internacionales, mediante alianzas solidarias con organizaciones de la sociedad civil. Así nació el proyecto Video SEWA (India), con el apoyo brindado a la organización de mujeres auto-empleadas por Martha Stuart Communications (New York). Esta misma organización apoyó años más tarde iniciativas de video participativo en Nigeria (Action Health) y en Egipto (Video & Sueños Comunitarios).  El grupo de teatro Wan Smolbag, en Vanuatu, y el grupo de video independiente Maneno Mengi, en Tanzania, constituyen otros ejemplos de este orden.
Son relativamente pocas las experiencias que surgen en el seno de las comunidades, sin apoyo externo. El caso de las radios mineras de Bolivia es, en ese sentido, excepcional. Las radios sindicales de los trabajadores mineros, se financiaron durante muchos años con los aportes de los trabajadores, que destinaban un día de salario para el mantenimiento de las emisoras. 
Las experiencias surgidas por iniciativa de las comunidades, tuvieron que acudir -en diferentes etapas de su historia- a apoyos solidarios externos para poder desarrollarse. Bush Radio (Sud África), que nació clandestinamente al calor de la lucha contra el apartheid, cuenta hoy con el apoyo de la cooperación holandesa. Radio Izcanal (El Salvador), fundada por un grupo de refugiados retornados de Honduras, recibe el apoyo de la Fundación para la Asistencia a la Comunicación, también de Holanda. 
Cada experiencia de comunicación comunitaria tiene una personalidad distinta y particular, de manera que este intento de agruparlas de acuerdo a su origen o a sus fuentes de financiamiento puede ser un ejercicio que no refleja con exactitud la naturaleza de los desafíos de la sostenibilidad.
Independencia y sostenibilidad
¿Significa que las experiencias de comunicación comunitaria, comunicación ciudadana, comunicación participativa, no son sostenibles por sí mismas? ¿Estamos frente a proyectos que son mantenidos artificialmente y que no pueden sobrevivir sin el apoyo externo? ¿Cómo han sobrevivido algunas experiencias a lo largo de varias décadas? 
Por supuesto, hay varios ángulos posibles para analizar la sostenibilidad, y sería un gran error reducir este análisis, únicamente a factores económicos. Que una experiencia sea sostenible en términos económicos, o incluso haya logrado su autofinanciamiento, no garantiza que cumpla las funciones de servicio a su audiencia y de fortalecimiento de las voces comunitarias. 
La comunicación ciudadana, alternativa o comunitaria no puede existir si no es en función de la dinámica social en la que se desarrolla. Es en la relación que establece con su audiencia y en el proceso de participación comunitaria, que se justifica la razón de ser de una experiencia de comunicación comunitaria.  En última instancia, no importa cómo haya surgido la iniciativa, mientras exista un proceso de apropiación comunitaria que garantice su autonomía y la independencia de su proyecto político y comunicacional.
La sostenibilidad económica, entonces, es apenas un factor entre varios que determinan la sostenibilidad de un proceso de comunicación comunitaria. Los otros factores importantes son la sostenibilidad social y la sostenibilidad institucional. 
La sostenibilidad social está íntimamente relacionada con la participación de los actores sociales y con la apropiación del proceso comunicacional. Sin la participación comunitaria, la experiencia de comunicación se convierte en una isla en medio del universo humano en el que opera. La programación de la radio no puede sino reflejar las necesidades de ese universo humano y apoyar el proyecto político comunitario. 
La sostenibilidad institucional es el marco que facilita los procesos participativos. Por una parte, tiene que ver con el marco legal, las regulaciones y políticas de Estado existentes, es decir con el ambiente propicio para que una experiencia pueda desarrollarse sin censura y sin presiones externas. Por otra parte, tiene que ver con los procedimientos y relaciones humanas y laborales en el interior de la experiencia, es decir, la democracia interna, los mecanismos de decisión y la transparencia de la gestión.
No existe una formula mágica para la sostenibilidad integral de los medios comunitarios, sin embargo, los tres componentes –social, institucional y económico-deberían tomarse en cuenta para lograr un equilibrio que permita no solamente la supervivencia sino el desarrollo de los procesos de comunicación participativa. En este texto pretendemos demostrar que sin un equilibrio entre los tres factores, la sostenibilidad a mediano y largo plazo es imposible. 
Sostenibilidad institucional
 	La historia de los últimos cincuenta años nos muestra que nunca, en el contexto de los países del Tercer Mundo, se han presentado las condiciones ideales para que puedan desarrollarse experiencias de comunicación alternativa y participativa. Ello no ha impedido, sin embargo, que miles de experiencias se multipliquen en América Latina, en Europa, en Norte América, y más recientemente en África y en Asia. 
Los medios masivos de información en manos de empresas privadas nacionales y transnacionales no ven con buenos ojos el establecimiento de medios alternativos que pueden mermar su poder. Es un problema de orden económico, pero también político. Las vinculaciones entre los propietarios de medios masivos y los gobiernos de turno, democráticos o dictatoriales, han quedado ampliamente demostradas en varios estudios. 
El proceso de privatización y desregulación del espectro radioeléctrico, impulsado por organismos multilaterales de financiamiento, no ha hecho sino agravar una situación caracterizada por la concentración de medios en pocas manos y la expansión de redes y consorcios más allá de las fronteras nacionales. Los casos de Televisa y TV Azteca en México, así como el del Grupo Globo y el Grupo Abril en Brasil, son significativos, pero aún en países más pequeños puede observarse la misma tendencia. Cuatro canales de televisión y una red de radios de Guatemala pertenecen a una sola persona, Ángel González González, un mexicano que reside en Miami, desde donde vigila otras inversiones en medios de comunicación en Nicaragua y Costa Rica. 
Durante varias décadas, las radios comunitarias de América Latina lucharon por su reconocimiento por parte del Estado. Luego de haber sido víctimas de dictaduras militares y otros gobiernos autoritarios, libraron una larga lucha para lograr una legislación que reconociera su existencia y destacara su importancia como medios de expresión comunitaria que desarrollan programas sociales y culturales a favor de la población. En algunos países se logró que el Estado estableciera en la legislación una diferenciación entre las radios privadas comerciales y las radios comunitarias que no persiguen fines lucrativos, sino culturales y educativos. 
Como resultado de ese esfuerzo sostenido durante muchos años, las radios comunitarias se multiplicaron particularmente en los países andinos, sobre todo en Bolivia, Perú y Ecuador, pero también en América Central. Un cálculo aproximado establecía que a fines de los años noventa, más de cinco mil emisoras de radio comunitaria operaban en la región, cerca de dos mil en el territorio peruano.
La ola de privatizaciones de los años noventa ha afectado profundamente la situación de los medios comunitarias y en algunos países ha significado un retroceso. Durante las décadas de los setenta y sesenta muchos gobiernos de América Latina toleraron el crecimiento de las radios comunitarias. 
La situación ha cambiado abruptamente. Algunos países que reconocían y regulaban el funcionamiento de las radios comunitarias, hoy entregan las frecuencias radioeléctricas a empresas privadas o multinacionales mediante licitaciones públicas en las que el mejor postor obtiene las licencias. De ese modo, se favorece la acumulación de medios en pocas manos y se deja al margen de la ley miles de emisoras comunitarias que tenían anteriormente autorización para operar. El caso de Guatemala es particularmente dramático. Cerca de 70 radios locales, muchas de ellas operadas por comunidades de indígenas mayas, han sido declaradas ilegales. Recientemente, un spot publicitario de la asociación de empresarios de radios comerciales, hacía un llamado al gobierno guatemalteco para “encarcelar a los directores de las radios piratas, capturar sus equipos de transmisión y recuperar las frecuencias”. 
En países como Bolivia o Perú, donde las radios comunitarias se establecieron firmemente, los gobiernos no han podido aún silenciarlas, sin embargo las amenazas sobre ellas son permanentes.  Por una parte la legislación ya no las ampara, o lo hace de manera ambigua, y por otra no existen políticas de Estado que estimulen su desarrollo. En El Salvador las radios comunitarias tuvieron que competir con las radios comerciales para comprar las frecuencias. Con el apoyo de ARPAS se obtuvieron dos frecuencias FM a través de las cuales transmiten una veintena de radios comunitarias, mediante una distribución cuidadosa de su cobertura geográfica. 
Estos factores de orden “macro” tienen sin duda una enorme influencia en el desarrollo de los medios comunitarios. En África, donde el desarrollo de las radios comunitarias es relativamente reciente, el panorama de la legislación es muy variado.  Hay países como Sud África y Benin cuya legislación ampara a las radios comunitarias, y otros donde la legislación no establece una diferencia entre radios privadas y radios comunitarias. En pocos años, esta falta de distinción puede llevar a la concentración de emisoras en redes privadas, y a la subasta de frecuencias.  
La regulación es aún menos frecuente cuando se trata de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). A pesar de que los “cyber café” o telecentros se multiplican en todo el planeta, pocos países del Tercer Mundo han adoptado una legislación, y cuando lo han hecho, ha sido guiados por los intereses de las grandes compañías fabricantes y distribuidoras de equipos y servicios. No existe una reglamentación que permita diferenciar los modelos implementados como negocios, particularmente los “café Internet” en centros urbanos, y los telecentros comunitarios que cumplen objetivos de información para el desarrollo, generalmente situados en áreas rurales aisladas, donde a veces no hay ni electricidad ni teléfono. 
Aún la legislación es insuficiente. Si no está acompañada de políticas de desarrollo.  Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a las nuevas tecnologías de información del mismo modo que garantizan, mal que bien, el funcionamiento de las bibliotecas y de las escuelas públicas. Es una responsabilidad de los gobiernos garantizar el libre acceso a la información, como la plataforma para una sociedad democrática.
La legislación, la reglamentación y las políticas estatales que hemos analizado anteriormente determinan en gran medida la sostenibilidad institucional de los medios comunitarios, particularmente de las radios o canales de televisión independientes, pero no constituyen el único factor. Hay muchos ejemplos de radios comunitarias que se consolidaron a pesar de las amenazas y de las agresiones que sufrieron por parte de gobiernos autoritarios. Esto indica que hay otros aspectos que inciden directamente en la sostenibilidad institucional: la propiedad del medio, la organización interna, las relaciones laborales, los mecanismos y la transparencia de la gestión. 
La propiedad de los medios de comunitarios es el primer factor determinante de la sostenibilidad interna. La apropiación del proceso comunicacional no puede desvincularse de la estructura de propiedad de los medios  comunitarios. ¿A quién pertenecen las frecuencias, las instalaciones y los equipos que se utilizan? Es evidente que si pertenecen a instituciones externas a la comunidad, tiene que producirse un proceso de negociación para que ese medio de comunicación sirva los intereses de la colectividad. 
Las radios de los mineros bolivianos fueron desde su inicio un ejemplo paradigmático de propiedad de los medios, y por esta razón sufrieron muchas veces ataques que tenían el objetivo de destruir sus antenas, sus equipos de transmisión y sus archivos de grabaciones. Algunas emisoras mineras conservan todavía en sus muros o en equipos que fueron destruidos, las cicatrices de los disparos de armas de fuego. En el auditorio del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, los trabajadores pintaron un gran mural donde se muestran los aviones que bombardearon la radio minera en los años sesenta. 
Los medios de comunicación comunitarios que realmente pertenecen a la comunidad son relativamente pocos. Las radios comunitarias de América Latina, por ejemplo, pertenecen en su gran mayoría a ONGs, a sectores de la iglesia católica progresista, e incluso a los gobiernos. Los proyectos de nuevas tecnologías de información y comunicación, es decir los telecentros o centros comunitarios de multimedios, son por lo general propiedad de organismos de cooperación, como componentes de programas de cooperación para el desarrollo más amplios. 
Las relaciones laborales constituyen otro aspecto fundamental en la sostenibilidad institucional. ¿Quién nombra a los directores de las radios comunitarias o a los administradores de los telecentros? ¿Cómo se contrata el personal técnico o artístico? ¿Existe un equilibrio de género entre los trabajadores? No se puede pretender la participación comunitaria si no existe primero, en el interior de los medios comunitarios, transparencia y participación en la gestión y en la programación. Lamentablemente, la democracia interna no es una norma en los medios comunitarios, y ello pone en riesgo el proceso de participación y apropiación. 
En la comunicación participativa no puede existir ni la censura ni la imposición, sino el diálogo y el consenso. Si se trata de una radio, es imprescindible que los programadores, productores de programas y periodistas, se sientan en absoluta libertad política y creativa. Una radio comunitaria no debería reproducir los mismos esquemas que una radio patronal comercial. 
Esto también se refleja en la situación contractual de los trabajadores y sus derechos a la seguridad social y a otros beneficios que otorgan las leyes laborales. En las radios comunitarias es a veces muy delicado el equilibrio entre el personal asalariado, y los voluntarios que también contribuyen en tareas de programación o promoción. La mezcla de voluntarismo con profesionalismo a veces crea conflictos institucionales que ponen en riesgo la sostenibilidad.
La definición del proyecto político comunicacional es el eje de la sostenibilidad institucional, porque establece la dirección, el camino a seguir a largo plazo, del medio de comunicación comunitario. ¿Quiénes intervienen en la definición del proyecto? ¿Cómo se toman las decisiones principales que tienen que ver con la política informativa y con la programación?
En Madagascar, la orientación y la programación de las radios Mampita y Magneva se discute en la asamblea general de todas las organizaciones rurales asociadas, con participación de representantes campesinos. En Filipinas, los barangay –conjunto de autoridades locales- nombran a un Consejo de Comunicación Comunitaria para regir los destinos de los altavoces comunitarios y las radios de la red Tambuli. En Nicaragua, las decisiones más importantes sobre Radio La Primerísima las toma la asamblea, constituida por los trabajadores de la radio y miembros de la comunidad de oyentes.  Allí tienen igual peso las voces y lo votos de los periodistas, locutores, personal administrativo, de limpieza, y algunos oyentes que se han incorporado a APRANIC. La asamblea elige cada dos años una Junta Directiva que toma las decisiones relativas al funcionamiento cotidiano de la radio. 
Finalmente, otro aspecto que contribuye a la sostenibilidad institucional pero también a la sostenibilidad económica, es la racionalidad en las decisiones que se toman sobre los recursos tecnológicos, es decir, la dimensión técnica que apoya el proyecto político comunicacional. El diseño de la estructura física, así como la cantidad y la calidad de los equipos tiene consecuencias sobre la sostenibilidad.  
Tan nocivo es sobredimensionar los insumos tecnológicos, como subestimarlos. En Burkina Faso visité muchos años atrás la radio regional de Bobo Dioulasso, en el sur del país. Tenía varios estudios de grabación, muy amplios y completamente equipados, además de una Unidad Móvil muy sofisticada Sin embargo, la emisora no producía ni siquiera una hora de programación semanal. Los estudios y los equipos fueron donados por una agencia de cooperación de Alemania, pero la radio carecía de personal y de política informativa y de programación.  Su trabajo de todos los días era retransmitir la señal de la emisora nacional, Radio Ouagadougou. Mientras tanto los equipos y los estudios estaban cubiertos por una espesa capa de polvo y alrededor de la unidad móvil crecía la maleza pues las llantas estaban pinchadas y no había dinero para repararlas. Claramente, se habían sobredimensionado las necesidades reales. 
Los altavoces comunitarios de Filipinas, constituyen el ejemplo contrario.  Su función dinamizadora de la comunidad ha sido tan importante, que algunas comunidades decidieron por sí mismas crear a partir de esa experiencia, una emisora de radio comunitaria. Este es un ejemplo de racionalidad en cuanto al equipamiento necesario, ya que se empezó con un equipo mínimo, con un alcance de tres o cuatro kilómetros, y luego se fue incrementando de acuerdo a las necesidades reales de la comunidad. 
En ocasiones, no es la cantidad sino la calidad de la  tecnología lo que pone en riesgo la sostenibilidad institucional. Un ejemplo son los radios a transistores “Free Play”, que funcionan con manivela y han sido distribuidos en muchos países de África.  El concepto de origen es interesante: un radio receptor que no requiere de baterías para funcionar; una manivela permite recargar manualmente la energía durante 20 a 40 minutos, según los modelos, evitando el gasto en baterías, que es prohibitivo para la mayor parte de la población rural en el Tercer Mundo. Sin embargo, a veces la tecnología no responde a las necesidades reales.  En 1999 visité en Tanzania el campo de refugiados de Great Lukole, y recogí estas opiniones sobre las radios de manivela que habían sido donadas: la manivela es de plástico y se rompe al cabo de cierto tiempo; su autonomía es muy limitada, por lo que hay que recargar la radio constantemente; el receptor es demasiado voluminoso y demasiado caro en comparación con los modelos de baterías que se pueden comprar en los mercados rurales. Algunos refugiados que entrevisté preferían adquirir una radio a pilas e incluso adaptar al uso de baterías los modelos “Free Play” que habían sido donados por agencias de cooperación. 
Con la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los años noventa, se producen nuevas distorsiones que afectan la sostenibilidad.  En algunos casos, los equipos digitales son incompatibles con el resto de los equipos pre-existentes en una radio comunitaria, y en otros casos son subutilizados debido a la falta de capacitación. La automatización de la programación, mediante computadoras, no es siempre la mejor solución, pues altera una de las características esenciales de las radios comunitarias, que es su calidad “en vivo”. La automatización se traduce casi siempre en más música y menos espontaneidad. 
La racionalidad en el diseño de un telecentro es aún más crítica, porque los equipos de computación son más frágiles que los de radio, y tienen una vida más corta. Es casi impensable que los telecentros operen 10 o 15 años con los mismos equipos, como sucede en muchas radios comunitarias. Al cabo de tres o cuatro años las computadoras ya son obsoletas. En África se instalaron telecentros en lugares que no habían todavía resuelto los problemas de energía eléctrica y de teléfono, lo cual pone en evidencia falta de criterio para planificar. En una encuesta realizada en 1999, los usuarios del telecentro comunitario en Tombuctú (proyecto de UNESCO y CIID), expresaron que –en orden de importancia- su interés principal para acudir al telecentro era: la radio, la televisión, los periódicos, el teléfono y las cartas; Internet no aparecía en la lista de prioridades.  El mismo estudio reveló que el 51% de la población local jamás había hecho una simple llamada telefónica.
En la mayoría de los telecentros que he visitado, la capacidad y versatilidad de las computadoras está sobredimensionada.  Los usuarios más avanzados, cuando no llegan para usar el teléfono o a leer periódicos, utilizan los programas básicos (correo electrónico, procesador de palabras, juegos y ocasionalmente navegación en Internet), menos de un 10% de la capacidad instalada. En realidad, esto no difiere del uso de las computadoras que hace la gran mayoría de la gente en los países industrializados: allí también se usa un porcentaje mínimo de la capacidad instalada. Sin embargo, en los países pobres la compra de equipos sofisticados y su subutilización no contribuye a la sostenibilidad e incluso plantea un problema ético. ¿Cómo se justifica la inversión en equipos costosos cuando ciertas necesidades básicas de las comunidades no han sido resueltas? ¿En que medida los centros equipados con nuevas tecnologías de información y comunicación pueden contribuir a resolver las necesidades más urgentes de la población? Es indudable que en muchos de los proyectos de telecentros hay agendas comerciales que están por encima de las necesidades comunitarias.
Por todo lo anterior, es atractiva la promesa de Simputer, una computadora portátil muy sencilla, desarrollada en la India, con un costo aproximado de US$ 250, y con capacidad para satisfacer las necesidades esenciales del 90% de los usuarios. 
La sostenibilidad social
Ningún proceso de comunicación comunitario puede ser sostenible si no cuenta con el apoyo de la comunidad, y si no la representa en su programación y en su política informativa. La sostenibilidad social tiene que ver con aspectos organizativos, culturales y lingüísticos, que son parte inherente a la apropiación del proceso comunicacional. Una experiencia de comunicación comunitaria se legitima cuando su proyecto político comunicacional representa las aspiraciones de su audiencia. Su vinculación con los actores sociales es lo que garantiza su permanencia en el tiempo y su consolidación.
Muchas experiencias de medios comunitarios han fracasado debido a su falta de articulación con los actores sociales a los que debía representar. En la medida en que las voces de la comunidad dejan de expresarse a través del medio comunitario, se produce un alejamiento ideológico entre el medio y sus actores. El proceso de apropiación social del medio queda mermado e interrumpido. El proyecto político comunicacional se hace ajeno a las aspiraciones comunitarias.
Este riesgo ha sido constante en la historia de las radios comunitarias, desde la primera experiencia en la región latinoamericana.  En 1947 nació Radio Sutatenza (Colombia), para potenciar las voces de la población rural del Valle de Tenza, donde el 80% de los campesinos eran analfabetos. Sin embargo, en pocos años la radio se convirtió en una red de educación a distancia  con cobertura nacional, centralizando sus operaciones en Bogotá. La experiencia participativa y comunitaria fue muy breve, aunque el nuevo proyecto tuvo otras virtudes.
La apropiación del proceso comunicacional es, entre los elementos constitutivos de la sostenibilidad social, quizás el más importante. Tiene lugar a través de la participación de los actores sociales en la gestión del medio de comunicación comunitario. Si se trata de un medio rural, que opera en un área geográfica limitada -como es el caso de los altavoces comunitarios, del teatro popular o de las radios en frecuencia FM- la participación es directa, a través de la vinculación con las organizaciones sociales, los grupos de mujeres, las cooperativas, o los grupos de jóvenes. En cambio, si se trata de un medio de mayor cobertura -como es el caso de las radios en frecuencia AM- la participación se produce a través del correo o del teléfono, o mediante acuerdos con organizaciones sociales representativas del conjunto de la población. 
Video SEWA (India), el grupo de mujeres videastas de Gujarat, es un ejemplo de participación directa, donde las propias mujeres vendedoras de los mercados, participan en la producción de videos documentales sobre su realidad.  Algunas son analfabetas y apenas pueden distinguir en la cámara los símbolos que les permiten operar la tecnología del video. Su pertenencia a una gran asociación que representa a las mujeres de la economía informal, hace que no haya distancia entre el colectivo y su base social. 
Un medio de cobertura nacional como es La Primerísima (Nicaragua), tiene otros mecanismos de participación de la audiencia.  Es una radio “en vivo”: en cualquier momento, durante cualquier programa, se reciben llamadas telefónicas con comentarios de la audiencia, sin filtrar la procedencia o la calidad de las llamadas. Las puertas de la radio están además abiertas permanentemente para aquellos que desean expresarse a través de la radio.  Luego de unos pocos minutos de espera, los visitantes pasan directamente a la cabina de emisión. 
La apropiación del proceso comunicacional tiene que ver también con la desmitificación de la tecnología y con el fortalecimiento de la capacidad crítica de la audiencia. Las nuevas tecnologías permiten un acceso rápido a personas con niveles muy diferentes de educación, que se convierten en poco tiempo en comunicadores de su realidad social, cultural, económica y política. Ese proceso de aprendizaje y dominio de la tecnología ha tenido lugar en todas las experiencias de comunicación participativa que conocemos. Los jóvenes de las minas de Bolivia o los refugiados Tutsis en Ngara aprendieron a operar equipos de radio, de la misma manera que las mujeres de SEWA y los indígenas Kayapo de Brasil se familiarizaron con las cámaras de video.
La pertinencia cultural y lingüística es otro de los factores que contribuyen a la sostenibilidad social de los proyectos político-comunicacionales comunitarios. Un medio de comunicación alternativo, ciudadano y comunitario no puede sino expresar la cultura –en el sentido más amplio- que corresponde al universo humano en el que se desarrolla. 
Así se explica el enorme desarrollo que tienen en América Latina las emisoras de radio en lenguas originarias, que transmiten en idioma aymara o quechua en Bolivia, Ecuador, Perú, o en algunas de las treinta lenguas indígenas de Guatemala y México. Los intentos de asimilación de las poblaciones indígenas a través de los sistemas de educación formal que priorizan la enseñanza en castellano, se enfrentan a la determinación de las naciones indígenas a continuar expresándose en sus propias lenguas. 
Muy pocos días atrás, el 6 de mayo de 2003, el Congreso de Guatemala aprobó la legislación que oficializa veinte idiomas de raíz maya, además del garífuna y el xinca. Esta medida tendrá impacto en el sistema educativo y en el desarrollo cultural del país, favoreciendo un trato más equitativo hacia las poblaciones indígenas. Quizá permita también otorgar nueva legitimidad a las radios comunitarias, que hoy son perseguidas como radios “piratas”.
La lengua y la cultura constituyen los modos de expresión y comunicación de las identidades, y entre identidades.  Los términos de intercambio cultural a través de los procesos de comunicación son más equilibrados cuando las diferentes culturas se expresan en igualdad de condiciones. La radio, más que ningún otro medio de comunicación, ha permitido un cierto nivel de democracia lingüística y cultural. En cambio, las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) constituyen hoy por hoy la expresión de la cultura occidental hegemónica, que se traduce en la posición dominante del inglés y de algunas lenguas europeas sobre todas las demás. Es una de las razones por las que la sostenibilidad de los telecentros es tan precaria, particularmente en ámbitos comunitarios del Tercer Mundo: el acceso está restringido a quienes hablan y escriben inglés. 
La sostenibilidad del conjunto de los medios alternativos y participativos se fortalece cuando la pertinencia cultural se convierte en la norma de todos ellos. Unos se refuerzan a otros en la medida en que se fortalece la identidad en la diversidad cultural. Las culturas que negocian con otras culturas su diversidad cultural, deben hacerlo desde la afirmación de su identidad, y no desde una posición de entrega. La tendencia a la homogenización cultural que está implícita en los procesos de globalización, corre el riesgo de anular las identidades y empobrecer la diversidad. Los medios comunitarios tienen un papel muy importante en la defensa del derecho a la lengua y a la cultura.
El desarrollo de contenidos locales en los medios participativos y ciudadanos es otro factor de sostenibilidad social, estrechamente ligado al de la pertinencia cultural. La capacidad de crear una programación que responde a las demandas e intereses de la comunidad es una de las fortalezas de los medios comunitarios. El origen de muchas experiencias de radio comunitaria es el servicio inmediato a la comunidad, a través de anuncios de interés social. No es raro que la radio comunitaria se convierta en la oficina de correos, el departamento de reclamos y el lugar de encuentro. Los jóvenes se dan cita en la puerta de la radio, las mujeres llegan a presentar sus demandas sobre los precios de los productos básicos, el maestro avisa que no habrá clases mañana y la enfeermera anuncia las fechas de la próxima campaña de vacunación. 
Las radios comunitarias han ofrecido siempre este tipo de servicios, informando sobre los precios de los productos agrícolas en el mercado o sobre los problemas de transporte. Radio Mampita en Madagascar transmite mensajes sobre animales extraviados o robados, y ayuda a identificarlos para que sus dueños puedan recuperarlos. 
La estructura de programación de los medios comunitarios es a la vez el reflejo de su incidencia en la comunidad y del nivel de participación y apropiación. En Tacunan, Davao del Norte (Filipinas), los programas emitidos a través de los altavoces comunitarios están a cargo de la propia comunidad.  La enfermera conduce un programa semanal sobre salud y el maestro sobre educación, y hay otros espacios sobre agricultura, jóvenes, derechos de la mujer y cooperativismo, a cargo de voluntarios de la comunidad.
Radio Kothmale, en Sri Lanka, es consciente de la necesidad de desarrollar contenidos que le sirvan a la población local y utiliza las nuevas tecnologías para buscar contenidos que la audiencia solicita, y difundirlos a través de la emisora en lenguas locales. Kothmale ha sido citada muchas veces como un ejemplo temprano de la convergencia entre la radio comunitaria y las nuevas tecnologías.
En Nicaragua, Radio La Primerísima facilita la comunicación a través de la radio entre nicaragüenses que trabajan en Costa Rica y sus familias que quedaron en su país. Este programa en vivo, que se hace en cadena con Radio Cucú de San José, ha permitido en ocasiones la reunificación de familias que no tenían contacto durante meses o años. De modo similar, Radio Kwizera enviaba mensajes de los refugiados en los campamentos a lo largo de la frontera de Tanzania, a sus familias de Burundi y Rwanda, con quienes habían perdido contacto por causa de la guerra y el genocidio.
Los telecentros tienen mucho que aprender de las radios comunitarias para asegurar su sostenibilidad social.  Es importante acabar con el mito del acceso a la información como la solución para los problemas del desarrollo.  Los telecentros comunitarios deben insertarse en la vida cotidiana de la comunidad, y proporcionar una información específica, adecuada y a medida de las necesidades locales. 
El 90% del contenido del World Wide Web es ajeno a las necesidades del 90% de la población mundial. Por ello en Chennai (India), los Centros de Conocimiento Comunitario utilizan el Internet para proporcionar información local, a través de una red de acceso con computadoras alimentadas por energía solar y conectadas al “centro de valor agregado” a través de un sistema inalámbrico. Los pobladores rurales de cuatro comunidades pueden consultar informaciones sobre los precios de insumos agrícolas, micro-crédito, veterinarios locales o proyecciones del clima durante los próximos días. Este modelo prioriza las necesidades locales, antes que el simple acceso a la red mundial. En lugar del World Wide Web, que contiene millones de páginas en inglés que nada tienen que ver con los pobladores de Pondichery, la Fundación Swaminathan ha preferido desarrollar en sus centros de valor agregado una mini-web local que ofrece respuestas prácticas a sus usuarios.
No basta que un medio comunitario tenga vigencia, sino también impacto o incidencia en los objetivos de organización y desarrollo de la comunidad. El concepto de vigencia no es suficiente si se limita a la popularidad de un medio de comunicación.  Algunas emisoras son apreciadas porque se limitan a difundir música a lo largo del día, pero no inciden en la problemática local ni contribuyen al desarrollo social, económico y cultural. Del mismo modo, hay telecentros comunitarios que carecen de una política de participación para el desarrollo, y que tienen vigencia solamente en la medida en que prestan servicios de teléfono, fax o coreo electrónico. Es muy importante, en el análisis de la sostenibilidad social, establecer la diferencia entre la popularidad y la incidencia, es decir la capacidad de contribuir en las transformaciones sociales.
Quizás una de las pruebas definitivas de la sostenibilidad social, es la defensa que las comunidades, a riesgo de sus propias vidas, hacen de sus medios comunitarios en momentos en que se ciernen amenazas sobre ellos. En 1980, se produjo en Bolivia un golpe militar y la dictadura cerró todos los medios de información de las ciudades. El ejército avanzó hacia los centros mineros para asaltar las emisoras que seguían funcionando, y encontró la resistencia de los trabajadores, de las mujeres e incluso de los campesinos de zonas vecinas, que armados de cachorros de dinamita, palos y piedras, rodearon Radio Animas, Radio La Voz del Minero, Radio Nacional de Huanuni, y otras, para defenderlas. Algo similar a lo que sucedió en Nicaragua en 1997 cuando los pobladores de los barrios pobres de Managua rodearon Radio La Primerísima con palos, piedras y armas de fuego, para defenderla de las amenazas de ocupación. 
La sostenibilidad económica
Dejamos la sostenibilidad económica para el final, porque es generalmente la que aparece en primer lugar cuando se hacen análisis de sostenibilidad de los medios comunitarios. 
Para prestar el servicio que brindan a la comunidad, los medios de comunicación ciudadanos, alternativos y comunitarios deben buscar recursos que les permitan financiar sus actividades, renovar sus equipos cada cierto tiempo, cubrir los costos de los servicios básicos, pagar a los trabajadores e invertir en el desarrollo de nueva programación.  
La misma legislación que en algunos países favorece el estatuto de las radios comunitarias, reconociéndolas como instituciones que desarrollan actividades de apoyo a la educación, la cultura y el desarrollo, generalmente limita las posibilidades de las radios a autofinanciarse mediante la publicidad. En los países donde esa legislación existe, las radios comunitarias están prohibidas de generar recursos propios a través de la publicidad, además de que la potencia de sus transmisores también está limitada. Esta es una contradicción entre la legislación y las políticas de promoción de la libertad de expresión y de la diversidad cultural. 
Si existiera alguna coherencia en las políticas de Estado, las radios y los telecentros comunitarios deberían recibir el mismo apoyo que reciben las escuelas públicas, las bibliotecas o los proyectos culturales nacionales. Esto no significa que el Estado deba intervenir en el proyecto político y comunicacional de los medios comunitarios, sino apoyar su desarrollo como entidades autónomas, descentralizadas. 
Los procesos de descentralización y participación popular que en los últimos quince años han adoptado varios países de América Latina y África, son un marco ideal para el fortalecimiento de los medios locales comunitarios. En Uganda, los telecentros comunitarios de Nakaseke, Buwama y Nabweru –creados con el apoyo de UNESCO, UIT y el CIID- reciben pequeños subsidios de los gobiernos locales, que gracias al proceso de descentralización han adquirido autonomía y poder de decisión. 
¿Debe el Estado apoyar económicamente a los medios comunitarios? ¿La legislación debe permitir que los medios comunitarios reciban ingresos por concepto de publicidad?
Las dos opciones conllevan riesgos. Si el financiamiento llega del Estado, se corre el riesgo de una ingerencia política y administrativa de los gobiernos de turno, como sucede con las radios del Instituto Nacional Indigenista (INI) en México. Y si el financiamiento llega esencialmente a través de la publicidad, se corre el riesgo de caer en manos de empresas privadas que controlan los medios a través de las cuentas publicitarias, como lo hacen con los medios masivos, imponiendo normas y mecanismos de censura. 
Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, lo ideal sería lograr un equilibrio entre la generación de ingresos por concepto de publicidad y convenios, el apoyo de instituciones nacionales, organismos de cooperación internacional y grupos de solidaridad externos a la comunidad, y las contribuciones de la propia comunidad y de los trabajadores del medio de comunicación.
El apoyo de instituciones nacionales parece ser el modelo más frecuente en el desarrollo de la radio participativa, y en menor grado en el establecimiento de los telecentros comunitarios. Una gran mayoría de las emisoras comunitarias en América Latina, África y Asia se mantienen fundamentalmente por el apoyo que reciben de ONGs, de las universidades y de instituciones de la iglesia católica progresista. Los costos fundamentales de esas emisoras, como son la adquisición de equipos, los salarios a los trabajadores y el pago de servicios básicos, se cubren con los aportes de las instituciones. De alguna manera estos son proyectos institucionales, aunque en su desarrollo hayan demostrado su identificación con un proyecto de comunicación participativa. A esta categoría corresponden algunas de las experiencias más notables por su compromiso con la comunidad. 
En muchos casos, el propio Estado sostiene a las radios comunitarias, al menos parcialmente. El Instituto de Comunicación Social (ICS) de Mozambique, estableció durante las dos últimas décadas una docena de “radios comunitarias” en todas las cabeceras de provincia del país. Además de los equipos y la capacitación que recibieron al comenzar sus actividades, el ICS cubre los costos de servicios (electricidad, agua, mantenimiento) y los salarios de cinco o seis trabajadores permanentes.  La responsabilidad de estas emisoras es obtener fondos adicionales para elaborar la programación, en acuerdo con otras instituciones locales.
La cooperación internacional ha sido también muy importante en los proyectos de comunicación comunitaria, sobre todo en las donaciones de equipos y en el apoyo a la capacitación. Las agencias de cooperación del norte de Europa (Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda) han sido aliados en muchos proyectos de comunicación comunitaria, sobre todo cuando la libertad de expresión está amenazada. UNESCO proporcionó equipos adicionales y capacitación para la red de radios locales en Indonesia; estableció cuatro radios comunitarias en Haití; ocho en Mozambique, entre otros proyectos.  
No es frecuente que las agencias de cooperación internacional financien salarios o el pago de servicios, porque sus propias disposiciones internas les impiden hacerlo, a menos que se trate de proyectos de comunicación participativa enmarcados en programas de desarrollo de alcance nacional, como es el caso de los proyectos de video rural de la FAO en Perú, México y Malí.  
Sin embargo, hay otras modalidades de apoyo desde las agencias de cooperación y desarrollo. Las emisoras comunitarias pueden generar recursos a través de convenios de programación y coproducción. Esta fórmula tiene una ventaja comparativa sobre los ingresos por concepto de publicidad, y es que la programación se enriquece con contenidos de interés para toda la comunidad. Radio Kwizera (Tanzania), cuando la visité en 1999, recibía el apoyo de Oxfam, de Ayuda Noruega para el Pueblo, del Programa Mundial de Alimentos (PMA), de UNICEF, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de otras organizaciones, para realizar programas sobre agua potable, derechos humanos, resolución de conflictos, salud, entre otros temas. Plan Internacional apoya a Radio Gune Yi, un programa realizado con niños de comunidades rurales de Senegal.
El grupo de Teatro Nalamdana (India), el proyecto multimedios Soul City (África del Sur), Radio Sagarmatha (Nepal), la Carpa Lila (Bolivia), la unidad de video de Action Health (Nigeria), Teatro Aarohan (Nepal) y muchos otros proyectos de comunicación comunitaria, han recibido financiamiento de organizaciones como UNICEF, DANIDA, FNUAP, PANOS, DFID, USAID, Action Aid, Fundación Ford, CECI, UNESCO, y otras, para elaborar programas de educación en salud sexual y reproductiva, y de prevención contra el SIDA y otras enfermedades sexualmente transmisibles. Es uno de los temas que mayor apoyo recibe porque es el primero en la agenda de algunas agencias de cooperación.
A diferencia de las experiencias de teatro, radio, títeres o video mencionadas anteriormente, los proyectos de telecentros son menos sostenibles en la medida en que la mayoría carece de una política de programación de contenidos útiles para la comunidad. Una de las grandes críticas al establecimiento de los telecentros, es que la tecnología parece ser el fin, y no el medio para llegar a otros objetivos de desarrollo. Muchos de estos proyectos han sido instalados sin consulta con las comunidades, y sin un sentido de las necesidades reales de la población a la que pretenden servir. Sin duda, en muchos casos prima una motivación comercial en la venta de tecnología informática, antes que criterios de desarrollo cambio social.
La solidaridad internacional ha sido muy importante para aquellos proyectos de comunicación popular que no han nacido bajo el paraguas de una institución o de una agencia de cooperación y desarrollo. Se trata por lo general de apoyos puntuales, que garantizan la sobrevivencia de los medios comunitarios en situaciones de riesgo y amenaza. Son muy significativos porque suceden al margen de intereses institucionales y nacen de una comunicación solidaria a través de las fronteras. 
En varias ocasiones, cuando las radios mineras de Bolivia fueron clausuradas por el ejército y sus equipos destruidos o confiscados, la solidaridad de grupos europeos permitió que salieran al aire nuevamente. Lo mismo sucedió con Radio La Primerísima (Nicaragua); cuando su planta de transmisión fue saboteada en 1990, comités de solidaridad de Cataluña, de Valencia y otras regiones de España, hicieron llegar su apoyo para comprar un nuevo transmisor. 
La publicidad puede ser un complemento para la sostenibilidad económica, pero nunca la principal fuente de ingresos, pues corre el riesgo de desvirtuar los objetivos y el proyecto político comunicacional de un medio alternativo, participativo y comunitario.  En áreas rurales, donde las radios comunitarias son el punto de referencia más importante de la población, la publicidad local puede apoyar la sostenibilidad económica.
No es raro que las radios comunitarias anuncien la panadería del pueblo, la farmacia, o algún restaurante, para incrementar sus ingresos. Radio Izcanal (El Salvador), Radio Quilabamba (Perú), y muchas otras transmiten jingles publicitarios de negocios particulares en su área de influencia, o mensajes de instituciones del Estado. El Telecentro Comunitario de Gaseleka es una de las experiencias mejor llevadas de África del Sur; las iniciativas tomadas por su administrador han permitido la generación de recursos, más allá de los necesario para su mantenimiento. Los servicios ofrecidos no se limitan a la oferta de Internet. Al igual que las radios comunitarias, el Telecentro de Gaseleka hace las veces de una oficina postal, y además presta servicios de extensión de documentos de identidad, en coordinación con el Departamento Nacional de Identificación.  En lugar de que la gente tenga que viajar hasta la ciudad para tomarse fotografías y obtener sus documentos, dos agentes de ese servicio llegan atienden en el telecentro una vez por semana.  
Se subestima con frecuencia el peso de los aportes comunitarios en la sostenibilidad económica. Hemos mencionado antes cómo los mineros bolivianos donaban un día de salario para mantener sus emisoras sindicales. En Burkina Faso constaté que las comunidades rurales donde se habían instalado seis radios locales a mediados de los años ochenta, contribuían con el diesel para los generadores de energía de las emisoras. En otros casos, las emisoras de radio cobran cantidades pequeñas por los servicios que prestan y por los avisos personales que transmiten a lo largo del día, sobre cumpleaños, defunciones, dedicatorias de música, mensajes a la ciudad, entrega de correspondencia, objetos encontrados, etc. 
Sin embargo, los aportes de dinero no son la única forma como la comunidad apoya la sostenibilidad económica.  En todos los proyectos de comunicación comunitaria el trabajo voluntario es uno de los factores más importantes de sostenibilidad económica y social, si bien es cierto que también constituye un factor de riesgo para la sostenibilidad institucional. Ya hemos visto cómo en muchas emisoras la programación está a cargo de voluntarios de la comunidad o de organizaciones sociales locales. Estos esfuerzos voluntarios ahorran el dinero que sería necesario para pagar a productores y locutores asalariados. Es cierto, sin embargo, que las emisoras comunitarias invierten tiempo y esfuerzo en la capacitación de voluntarios que al cabo de cierto tiempo dejan de colaborar. 
En muchos casos, las comunidades contribuyen proporcionando el terreno en el que se ubica el telecentro o la radio comunitaria, o los materiales que se utilizan en la construcción de los locales donde funcionan. Es muy frecuente –particularmente en la región andina de América Latina- la participación mediante el trabajo colectivo comunitario para construir los locales de las radio-emisoras o las plantas de transmisión. De ese modo la comunidad financia el proyecto político comunicacional y apoya la sostenibilidad económica de los medios alternativos y comunitarios. 
En proyectos de comunicación alternativa y comunitaria que tienen una orientación política social más definida, las alianzas entre los medios y las organizaciones sociales y sindicales pueden contribuir a equilibrar la sostenibilidad económica, o a ofrecer un respaldo institucional.   
Conclusión
	Si bien existe una fórmula ideal para garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación comunitarios, lo cierto es que es que su sobrevivencia y desarrollo depende en gran medida del equilibrio entre los factores de sostenibilidad social, institucional y económica. Los procesos comunicacionales participativos que comprometen a las comunidades y contribuyen a fortalecer la organización local, tienen mejores perspectivas de sostenibilidad que aquellos proyectos institucionales que dosifican el acceso y la participación. 
Por otra parte, la sostenibilidad no debería analizarse solamente desde la perspectiva de experiencias aisladas, sino en función de las relaciones que se establecen entre los medios alternativos, participativos y ciudadanos. La conformación de redes, por ejemplo, es una garantía adicional para la supervivencia y el desarrollo de los medios comunitarios. En sociedades empobrecidas por la explotación, donde la sociedad civil ha retirado su confianza de la clase política, de los partidos y de las instituciones tradicionales, la emergencia de nuevas redes de actores sociales aglutinados en torno a problemas comunitarios, constituye un ámbito propicio para la sostenibilidad.
Lo que  siempre se debe tener en cuenta al hablar de la sostenibilidad, es que los procesos de comunicación deben ser de la dimensión que la comunidad es capaz de asumir. El proceso de apropiación sólo puede darse cuando la comunidad asume un medio comunitario en todos sus aspectos: la política comunicacional, la tecnología y la gestión administrativa. Es mejor comenzar con recursos propios limitados y crecer junto a la comunidad, que establecer verticalmente proyectos sobredimensionados, que por su costo o por su tecnología limitarán los espacios de participación comunitaria.
El proyecto globalizador amenaza todos los días la supervivencia de la diversidad cultural e ideológica. Cada vez se cierran más los espacios de expresión de la pluralidad política y cada vez se concentran más en manos de unas cuantas empresas multinacionales los flujos de información globales. La expansión del poder económico de un puñado de países hegemónicos y la caprichosa aplicación de las leyes de mercado, arrasa no solamente con las industrias nacionales y con la producción agrícola de los países más pobres, sino que tiene un impacto negativo sobre la educación, la cultura y las formas de organización social comunitaria. 
En ese panorama mundial poco alentador, la comunicación alternativa sigue cumpliendo la importante tarea de fortalecer identidades culturales y favorecer el desarrollo de nuevas expresiones en la sociedad civil. Su sostenibilidad es ante todo el resultado del compromiso político de los actores sociales. 
Los evaluadores tradicionales, acostumbrados a manejar criterios cuantitativos y a medir la comunicación con calculadoras, tienen dificultades para entender que la sostenibilidad de los medios comunitarios se rige por otros principios. Necesitamos menos contadores y más sociólogos para evaluar el impacto de los medios alternativos, participativos y ciudadanos. La dinámica de los procesos de comunicación participativa no puede medirse en cifras, sino a través de una comprensión de los fenómenos de sociedad que giran alrededor del derecho que tienen los más pobres a la expresión y al libre acceso a la información. 
Los procesos de comunicación participativa no son lineales y homogéneos, por ello requieren de un esfuerzo de comprensión y empatía que tomen en cuenta la especificidad y la diversidad de las experiencias. Como afirma Clemencia Rodríguez:
Creo que es precisamente esta explosión de la comunicación en el ámbito local la que hace de los medios ciudadanos herramientas para el fortalecimiento de la democracia. El trastorno de las relaciones de poder establecidas constituye una empresa “enredada” y nuestros intentos de poner orden y organización no pueden sino resultar en nuestro desarraigo de esos procesos .